La ampliación del reglamento de Interceptación y Grabación de Comunicaciones Telefónicas de Chile generó suspicacias entre la población, ya que se propone guardar por un periodo de dos años los datos personales que deriven de las llamadas telefónicas, las búsquedas en Internet e inclusive el uso de aplicaciones descargadas en teléfonos celulares.
Bio Bio Chile publicó que la modificación de la normativa también le permitirá a las autoridades tener acceso a la ubicación geográfica de cada individuo. Según este medio, el Gobierno de Chile pretende que las empresas de telecomunicaciones preserven dicha información para contrarrestar el delito. Es decir que a toda aquella persona que sea considerada como potencial sospechosa se le hará un seguimiento exhaustivo.
En diálogo con ese diario, el analista de políticas públicas de la organización no gubernamental Derechos Digitales, Pablo Viollier, señaló que desde que fue implementada la ley en el 2005 no fue bien recibida. Uno de los motivos del temprano rechazo tuvo que ver con la falta de participación de la comunidad en general y de los expertos en este tipo de asuntos.
“Este proceso se hizo a puertas cerradas. No hubo consulta pública. Aquí el Ministerio del Interior se sentó con las empresas de telecomunicaciones a elaborar el nuevo decreto, con una lista de supermercado de las pretensiones de la Policía de Investigaciones (PDI)”
Asimismo, Violler criticó el accionar del Gobierno de Michelle Bachelet por considerar que modificó de manera inconstitucional un decreto que debería haber sido tratado por el Congreso de la Nación. Lo cierto es que aunque algunos detractores consideran que la ley de por sí representa una violación al derecho a la intimidad de los ciudadanos, el artículo 222 del Código Penal del país habilita al Ejecutivo a transgredirlo cuando posea un motivo fundado para hacerlo.
Sin embargo, el Diario UChile comenta que la reforma 866, promovida por el ministerio del Interior, ha sido calificada por varias organizaciones como “un decreto espía”. Esto responde al hecho de que la normativa permitirá que otras entidades diferentes al ministerio Público puedan tener acceso a los datos confidenciales.
En conversación con este medio, el presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología (ICDT), Raúl Arrieta, se manifestó preocupado por la modificación del Reglamento de Interceptación y Grabación de Comunicaciones Telefónicas, ya que considera que la medida impulsada por el Ejecutivo “es más propia de regímenes totalitarios”.
Para Arrieta, el nuevo decreto genera un retroceso en las diligencias que durante años se han implementado para alcanzar un estándar internacional, en lo que se refiere a la protección de información personal.
“La cantidad de filtraciones de datos personales que ha tenido en los últimos diez años el Estado es una vergüenza”
El diario El Mostrador reseñó que tras la firma de la reforma, la documentación se encuentra en manos de la Contraloría para cumplir con el debido proceso protocolario. Una vez que dicha entidad se expida dará lugar a la confección de una norma técnica que estipule la información concreta que podrá ser interceptada por requerimiento del ministerio Público o cualquier entidad avalada por ley.
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